jueves, 22 de octubre de 2015

ARBITRARIEDAD DE LAS LEYES: DE ZAPATA A RATO

Dos acontecimientos, coincidentes en el tiempo, ponen en evidencia el uso que el sistema hace de las leyes y de todo el aparato judicial. Por un lado, Zapata, un concejal del Ayuntamiento de Madrid, fue acusado por publicar unos comentarios en una red social. Por otro, Rato, exvicepresidente de Gobierno y exdirector gerente del FMI, entre otros tantos cargos, está acusado de un montón de delitos: fraude, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, etc., etc. La diferencia entre las dos acusaciones es tan evidente que cualquier lego puede apreciarlo. Zapata ha pasado, en un corto periodo de tiempo, dos veces por los juzgados. El juez no vio ningún indicio y decidió archivar la causa. No conforme, la Fiscalía de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le obligó a reabrir el caso. Por segunda vez El Juez ha archivado la causa. La ausencia de delito es evidente, pero estoy seguro que seguirán en el empeño, y agotaran todos los recursos que las normas permitan.
Por el contrario, el caso Rato se dilata en el tiempo, a pesar de la gravedad de los hechos. Mientras que sus adláteres permanecen en prisión por ser cómplices, Rato está en libertad. Son estos hechos conocidos por la mayoría. Muchos desearían que se hiciera justicia, pero ellos saben que las leyes no son iguales para todos.
Al primero se le relaciona con los movimientos ciudadanos, con el pueblo llano, con los pobres. El segundo forma parte de esa minoría que detenta el poder, de ese sector que, además, ha utilizado la política para corromperse, para sentirse poderoso, para satisfacer esa pasión que nunca llegarán a alcanzar plenamente, porque la pasión-poder se encuadra en la patología de la normalidad. Todos estos individuos están psicológicamente llamados al fracaso por mucho que acumulen lícita o ilícitamente.
Hasta aquí, lo descrito es información. Ahora lo importante es analizar el asunto para descubrir los motivos por los que las cosas son así.

Permanentemente nos bombardean con aquello de que todos debemos cumplir con las leyes, normas elaboradas por aquellos que defienden los intereses de una minoría.  Ahora, como siempre, la ley es un instrumento para someter y reprimir al pueblo, limitando sus derechos, en defensa de la propiedad e intereses de los que detentan el poder real. Algunos ingenuos pensadores (Kelsen, Montesquieu, etc,) han derrochado materia gris en defensa de una estructuración de la norma, en la creencia de que ésta rige de manera objetiva los estados democráticos modernos. Nada más lejos. La ley está diseñada para proteger a los que más tienen y para hacer cumplir con sus obligaciones a esa inmensa mayoría que mantiene a los  Estados sin posibilidad de que los gastos que aquél genera sean repartidos proporcionalmente a la posesión de riqueza. Los poderosos se rodean de “buenos” asesores fiscales y juristas que, conocedores de la ley, de su ambigüedad, de sus incoherencias y de sus contradicciones, burlan la norma en beneficio de sus clientes, por cuyos servicios cobran una abultada minuta. Aunque nos quieren hacer creer que la ley es inflexible y explícita, no cabe duda de que su imprecisión es tal que, en el campo netamente jurídico, los dictámenes que emiten los jueces, que están bajo el poder de los órganos elegidos de forma poco democrática, encierran una gran carga subjetiva. Las decisiones y las sentencias pueden ser contradictorias según quien sea el que es juzgado o el que juzga. Los jueces son unos simples funcionarios instrumentalizados a los que se les permite que ejerzan su  “poder” siempre y cuando respeten las normas del juego que no es otro que la defensa de los intereses de los que más tienen. Los jueces se mueven entre la proximidad al poder real y el miedo. Saben que si se salen de las pautas que les marcan serán apartados de su labor, serán expulsados. He ahí los casos Garzón, Elpidio, Ruz, etc.
Las leyes, como decimos, son tan poco precisas, y su cumplimiento está tan focalizado en la dirección de la defensa del capital,  que encierra una enorme cantidad de fisuras por las cuales el pícaro se cuela para burlarlas. Como consecuencia, es más rentable, siempre que sea posible, incumplir la ley de forma reiterada aunque alguna vez se descubra ese incumplimiento y se tenga que rendir cuentas.   Las cárceles están repletas de personas que pertenecen al lumpen urbano o de aquellos que, de una u otra forma, contestan al sistema. Pocos elementos pertenecientes a la clase pudiente permanecen en prisión aunque sus desmanes hayan acabado en estafas o robos  de miles de millones. En ningún caso la ley les obliga a devolver lo que han usurpado. “El peso de la ley” tampoco recae sobre quienes, formando parte  de los gobiernos, roban, engañan o asesinan. Tanto en unos casos como en otros, se inician los procesos, parece que van a pagar por sus delitos, pero todo queda en trámites burocráticos y en unos pocos días de arresto: los recursos y, en último término, los indultos, el tercer grado y otras tantas tretas permiten que el tiempo juegue  su papel y que todo haya quedado resumido a una vieja fórmula: “circo para el pueblo”. La ley, en suma, es en la actualidad un instrumento coercitivo puesto en manos de las fuerzas políticas mayoritarias que, como venimos señalando, sirve a la clase dominante de la mejor forma, con el ánimo de permanecer en el gobierno el mayor tiempo posible.  En los últimos tiempos, estamos contemplando como la ley, por ejemplo, se utiliza para destruir el estado de bienestar, conquistado en otros tiempos cuando la correlación de fuerzas entre dominados y dominadores era más favorable a los primeros, restringiendo las prestaciones sociales y los derechos conquistados. La aplicación de la ley, lejos de ser una fórmula de convivencia entre iguales,  no es otra cosa que el ejercicio del poder contra el que de él carece.  En el ámbito netamente procesal el tratamiento entre unos y otros casos de delitos, o entre unos y otros delincuentes es bien diferente.  Si una persona humilde, acuciada por la necesidad vital de subsistencia, asume el papel de  “mulero”, y ésta es descubierta  en Barajas con droga, es detenida, puesta en manos de los jueces de inmediato, y encarcelada a continuación sin ningún tipo de contemplaciones. Sin embargo, los casos Rato, Báscenas, Urdangarín, Gürtel, Púnica, Palma Arena, Malaya, y tantos otros casos de corrupción en los que están implicados individuos con más o menos poder, se eternizan en el tiempo. Los implicados son tratados como “presuntos” aunque las pruebas sean evidentes, después pasan por una escala nominal que discurre desde imputados a condenados, si es que llegan a serlo en algún momento, pasando por encausados, procesados y toda una retahíla de situaciones que alarga intencionadamente el proceso, con el ánimo de liberarles en cuanto exista el mínimo resquicio legal. La instrucción y los sumarios se hacen interminables mientras los investigados, imputados o encausados campan a sus anchas, con la posibilidad de deshacer entuertos que les pudieran culpabilizar o agravar sus “presuntos” delitos.


lunes, 12 de octubre de 2015

DE LA ALTERNANCIA BIPARTIDISTA AL PACTO

Hemos dicho alguna vez que el sistema siempre se ha visto necesitado de una cobertura política que le proteja y le permita operar de la manera más tranquila posible.
La “democracia” moderna, elaborada desde arriba, y la alternancia de dos partidos, ha sido una excelente estrategia que les ha servido durante unas cuantas décadas. El cansancio y el desencanto de amplios sectores sociales han propiciado el rechazo del modelo, y cada vez más personas se encaminan a la abstención, aunque, como bien se han encargado de establecer, esta opción no tiene valor político. Sin embargo, alguna preocupación les supondrá a los que detentan el poder, cuando la oferta partidista  se diversifica, dando a entender que ahora ya no se trata de sólo dos partidos que se alternen. En artículos anteriores, señalaba que PP, PSOE y Ciudadanos defienden los mismos intereses: el de los poderosos. De esta relación excluía a  Podemos por la proclamación de sus propuestas iniciales, pero ahora ya no estoy seguro de que éstos no sean una pieza más de este juego.
Matizando lo que señalaba en artículos anteriores (“De ahora en adelante” y “Carta abierta a Podemos”), de  cara a las próximas elecciones, y descartada la unión PP-PSOE (para simplificar, por lo improbable), caben las siguientes combinaciones para formar Gobierno estables durante toda la legislatura:
-Pacto de PSOE y Podemos.
-Pacto de PSOE y Ciudadanos.
-Pacto de PP y Ciudadanos.
-Pacto de PSOE, Podemos y Ciudadanos.
La aparición de nuevas plataformas (o mareas) y los nacionalistas, junto a los otros cuatro grupos señalados, pueden dar lugar a una enorme fragmentación de los votos. Por este motivo, tanto las plataformas como los nacionalistas pueden tener alguna influencia a la hora de formar mayorías, o para apoyar propuestas puntuales del grupo gobernante. IU y UPyD, si se presentan con sus siglas, no serán determinantes en el marco de los posibles pactos que se puedan llevar a cabo.
En cualquier caso, siempre será uno de los grupos el que tenga el mayor número de votos, convirtiéndose  los otros en lo que se conoce como “bisagra” o grupos de apoyo para llegar a acuerdos. Lo más probable es que sean el PP o el PSOE los que obtengan el mayor número de escaños. Por lo tanto, serán algunos de los otros los que apoyen, a través de lo que se conoce como “pactos”, para toda la legislatura o para determinadas acciones aisladas, incluso puede ser que el PP y los socialistas se alíen en ocasiones. Pero esto no es nuevo. Ya en otros tiempos de minorías hubo pactos con los nacionalistas.
De todas formas, ocurra lo que ocurra, no dejará de tratarse de una alternancia o de la continuidad del PP con el apoyo de Ciudadanos u otros, aunque todo apunta a que, por fortuna, se rompa la “regla de los ocho años” (dos legislaturas seguidas) y el PP pase a la oposición. Esto parece lo más deseable por una amplia mayoría social, aunque, en épocas de incertidumbres como la actual, todo es posible.
Pero digámoslo con rotundidad, los pactos no suponen mejora alguna en la depauperada salud de esta democracia, ni en la correlación de fuerzas entre ricos y pobres. Sea cual sea el resultado, la estructura social no variará en absoluto, los que ganen seguirán defendiendo los mismos intereses que han venido haciendo los que han gobernado hasta ahora. Cuando las distintas opciones políticas no ofrecen modelos sociales y económicos claramente diferentes, no constituyen alternativas válidas. Cuando esas opciones, abierta o subrepticiamente, asumen el mismo sistema económico y la misma organización social,  se burlan de los ciudadanos, abusan de su ignorancia (generada intencionadamente), vacían de contenido cualquier atisbo de auténtica democracia y convierten la política en un simple mercado.

Podemos, grupo político, despertó ilusiones entre los individuos de un importante sector social, pero fue exactamente eso, una ilusión, que poco a poco se ha ido transformando en decepción, y eso si que es un sentimiento verdaderamente real. La desaparición o moderación de sus propuestas iniciales, el embrollo de sus relaciones con otros grupos y su indefinición ideológica han dado al traste con aquella frescura con la que aparecieron, y la esperanza de convertirse en alternativa se ha desvanecido. Todo ello ha diezmado el apoyo ciudadano y ha dado lugar a la crítica en el seno de sus propias bases. En conclusión, Podemos se muestra ya como un grupo más, y en las próximas elecciones, por el camino que va, obtendrá una discreta representación (entre el 10% y el 15%). La actual ley electoral no les favorecerá por lo que ese porcentaje supondrá la elección de alrededor de 20 diputadas o diputados, pero, tal vez, eso les resulte suficiente a ellos para que sus dirigentes entren en ese nefasto grupo al que ellos mismos, aunque no fueron los primeros, denominaron casta.

En consecuencia, es inevitable recurrir, como tantas veces, a la lapidaria frase de Lampedusa, según la cual se trata de cambiar algo para que todo siga igual. Alternancia bipartidista y pactos son los mismos perros con distintos collares. El cambio no es más que una nueva estrategia a través de la cual buscan nuevas fórmulas para establecer un nuevo orden social que siga dando soporte a este sistema basado en la desigualdad.